NAIM, costo de cancelación del Aeropuerto de la CDMX

El 27 de febrero pasado, la Auditoría Superior   de la Federación (ASF) entregó a la Comisión   de Vigilancia el Informe del Resultado de la   Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, en el cual   destaca que derivado de una auditoría de desempeño, la   suspensión y cierre del Proyecto del Nuevo Aeropuerto   Internacional de México (NAIM) tuvo un costo de 331,996 millones de pesos.

Al día siguiente, el titular del Ejecutivo Federal criticó la   cifra de la ASF, y ordenó a la Cámara de Diputados realizar   una revisión, argumentando que él “tiene otros datos”, y por   la tarde se daba a conocer, por parte del ente fiscalizador, que   en efecto se había cometido un error de metodología y que el   costo era menor, sin dar a conocer una nueva cifra.   Asimismo, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, mediante un video transmitido en redes sociales, intentó explicar el porqué el monto del costo de la cancelación del NAIM   no era el dado a conocer por la ASF.

Derivado de estos acontecimientos, este lunes 1 de marzo   en DICOMA Consultores realizamos un análisis, presentado   por el Lic. Mario Alberto Di Costanzo Armenta, por medio de   video conferencia.

Trabajo de la ASF

La ASF, identificó que el grupo aeroportuario no contó con un mecanismo para   generar, integrar, consolidar, reportar y   comunicar la información sobre el costo   total de la cancelación del proyecto, a fin   de dar un seguimiento constante a dicho   costo, con el fin de que éste no se ele[1]vara por encima de lo previsto. Debido   a lo anterior, la ASF calculó que el costo   total de la cancelación del proyecto de   inversión del NAICM, será de, al menos,   331,996 millones de pesos, cantidad integrada de la siguiente forma:  

Asimismo, la ASF identificó que esta   estimación puede incrementarse por   los siguientes factores:

Se encontró pendiente la liquidación de 79 mil 265 millones de pesos,   correspondientes a 70.0% del valor de   los bonos emitidos para financiar el   proyecto y que no fueron recomprados,   con un valor cuya cifra podría incrementarse por una baja en la calificación   crediticia del soberano.

Pago de comisiones o intereses generados por los bonos pendientes de   recompra en circulación, los cuales se   verán afectados por las variaciones en   el tipo de cambio que se pueda presentar (peso/dólar).

Con relación a los costos financie[1]ros, se identificó que en 2016 y 2017, el   GACM emitió cuatro tipos de bonos para  financiar el proyecto de inversión por un   monto total de 6,000 millones de dólares, los cuales, a 2019, generaron intereses por 11,996 mdp; por lo que, una vez   que fue cancelado el proyecto, el GACM   implementó acciones para recomprar   un 30.0% del valor inicial de los bonos,   equivalente a 36,559 mdp. Por lo tanto,   se tuvieron que pagar 2,331 mdp adicionales por concepto de comisiones de   recompra. Asimismo, la ASF estimó que,   de los bonos en circulación pendientes   de liquidar —con un valor de 79 mil 265   millones de pesos— se generarían intereses por 89 mil 190 millones, a las fe[1]chas de vencimiento (2026, 2028, 2046   y 2047), en caso de que no se realicen   recompras en el futuro.

Invasión de poderes

Por otra parte, se considera que el llamado del titular del Ejecutivo Federal   a la Cámara de Diputados para realizar una investigación a la ASF con   relación a la Revisión de la Cuenta   Pública 2019, trasgrede la división y   el equilibrio de poderes, ya que el pro[1]ceso de fiscalización del gasto público   es una facultad exclusiva de la Cámara   de Diputados (Art. 74).

A mayor abundamiento, el proceso   de revisión se encuentra debidamente sustentado en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y establece que durante el   proceso de revisión a las dependencias o entes auditados, la ASF puede   sostener reuniones de trabajo con los   responsables de las mismas y requerir la información que se requiera. En el caso particular del NAIM, sostuvieron reuniones con los responsables   de la SHCP, SCT, etc., para recibir la   información requerida.

Si estas reuniones se llevaron   a cabo como lo permite la ley y el   procedimiento, necesariamente se   debió de haber tocado el tema de las   metodologías y técnicas utilizadas,   por lo que las diferencias “entre conceptos, definiciones, metodologías y   técnicas” debieron de haberse hecho patentes y en caso de no haber   llegado a una homologación de criterios, se debió de haber mantenido   el criterio de los Auditores de la ASF,   con las “anotaciones y los pies de página correspondientes”.

Es decir, antes de entregar el   Informe Final siempre existe una   comprobación con el ente auditado,   por lo que, en su caso, los entes auditados ya sabían cómo aparecían   los resultados y no lo mencionaron   en la comprobación.

Explicación de   Arturo Herrera sobre el NAIM 

Por lo que se refiere al video del   Secretario de Hacienda, Arturo Herrera,   señala que la ASF cometió errores y duplicó sus cálculos entre los conceptos   de la cancelación de Bonos Emitidos y   la Recompra de Certificados Bursátiles   Fibra E., lo que provocó la diferencia entre el Costo reportado por el Gobierno   (100 mmp) y el de la ASF (331.9 mmp).

Lo cierto es que en su video ACEPTA   que existen 84 mmp de bonos aún en   circulación que se DEBEN, pero omite   referirse a los INTERESES que generarán   esos bonos que vencen en 26, 27, 46 y 47,   y que la ASF estima en 89,190 mdp.

Es importante señalar que en el supuesto de que la ASF hubiese contabilizado “doble”, la diferencia entre ambos conceptos es únicamente de 16,860 mdp, por   lo que, en su caso, el costo total de la cancelación del NAIM sería de 315,133 mdp.

Reacciones del auditor    Superior y del especial

En cuanto al reconocimiento del supuesto error metodológico, se debe señalar   que la ASF, como Órgano Técnico de la   Cámara de Diputados y la Comisión de   Vigilancia, es el ente encargado de coordinar la comunicación y relación entre   ambos (Art. 81 Ley de Fiscalización), el   cuestionamiento es por qué si el auditor especial sabía que “existía un error   metodológico” no lo comunicó a su superior jerárquico y éste a su vez a la   Comisión de Vigilancia, quien, en todo   caso, debió de haber evaluado el tema   y solicitado a la Unidad de Evaluación y   Control una “opinión fundada” sobre el   posible error metodológico.

El Marco Jurídico establece que   una vez entregado el Informe Sobre   la Revisión de la Cuenta Pública éste   debe ser transmitido a la Comisión de   Vigilancia, la cual a su vez se pronuncia   sobre el trabajo realizado por el Auditor   Superior, y para ello se auxilia de la   Unidad de Evaluación y Control (UEC).   En tal sentido, por qué razón el Auditor   Especial y/o el Auditor Superior de la   Federación NO esperó el procedimiento   marcado por la Ley para pronunciarse   sobre el “diferendo metodológico” ante   la Unidad de Evaluación y Control, y en   su caso ante la Comisión de Vigilancia.

Todos los Resultados de las   Auditorías, y con mayor razón los de   una revisión de tal relevancia, son revisados por el titular de la ASF, quién al   final es el encargado de validar el proceso y los resultados. Consecuentemente,   el Auditor Superior validó el resultado   final de la Auditoría sobre el Costo de   Cancelación del NAIM.

En resumen, el trabajo realizado en   la Auditoría de Desempeño a la cancelación del NAIM fue apegado a la Ley y   a un marco metodológico, por lo que el   Secretario de Hacienda no tiene razón   alguna en lo que menciona en su video   y, en el marco de la división de poderes,   el titular del Ejecutivo Federal invadió y   sometió al Poder Legislativo al ordenar   una investigación a una instancia técnica fuera de su ámbito de competencia   constitucional.

Asimismo, el Auditor Superior,   David Colmenares tendrá mucho qué   explicar respecto del comunicado del   Auditor Especial, quien realizó la auditoría materia de este análisis y sobre la   separación de su cargo el mismo día en   que debió comparecer ante la Comisión   de Vigilancia. Sobre todo, quedaremos   atentos a los nuevos datos que puedan   surgir como resultado de la auditoría a   la cancelación del NAIM.