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Dos luchas constantes: La maternidad deseada y la paternidad responsable Dos luchas constantes: La maternidad deseada y la paternidad responsable
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Existen madres solteras, casadas, con pareja, jóvenes, adultas, adolescentes y, desafortunadamente, incluso niñas. Todas esas madres se pueden clasificar en dos grandes grupos: quienes... Dos luchas constantes: La maternidad deseada y la paternidad responsable

Existen madres solteras, casadas, con pareja, jóvenes, adultas, adolescentes y, desafortunadamente, incluso niñas. Todas esas madres se pueden clasificar en dos grandes grupos: quienes lo son por decisión y quienes lo son por obligación. Necesitamos hablar de todas y hablar de la maternidad.

En México, cada día, se comenten cientos de violaciones y abusos sexuales que llenan las primeras planas de los periódicos en todo el país. Ese tipo de agresiones tienen como consecuencia, en muchos casos, embarazos no deseados. Sin embargo, esas manifestaciones no son la única forma de violencia. Las mujeres estamos sujetas también a violencia por parte del Estado, la cual se manifiesta en leyes, normas o prácticas arraigadas que nos impiden decidir sobre nuestros cuerpos, limitando el ejercicio libre de nuestros derechos sexuales y reproductivos. El resultado de esas restricciones es que, para muchas, la maternidad va mucho más allá de ser una obligación y se ha convertido en un sinónimo de castigo.

La maternidad como castigo

La violencia que se traduce en maternidad forzada afecta principalmente a las niñas; según datos de la Secretaría de Salud, cada año, en México, aproximadamente 14,568 menores de 10 años se convierten en madres. Esas niñas, en su gran mayoría, han sido víctimas de abusos sexuales. De hecho, el 70% de los agresores sexuales de niñas menores de 14 años son personas cercanas a las víctimas, como familiares o amigos.

La situación se torna más oscura cuan[1]do examinamos pormenorizadamente los tipos de violencias a las cuales las niñas y adolescentes se enfrentan. Muchas de ellas no solo son víctimas de abuso sexual o violación, sino que, una vez embarazadas, se encuentran frente a violencia institucional y del Estado, que les impide decidir libremente si quieren continuar con sus embarazos o abortar, como lo permiten para esos casos todos los códigos penales del país. Así, muchas de ellas son obligadas ilegalmente a parir a su corta edad, lo cual pone en peligro tanto su salud, como su vida, ya que su organismo no está preparado para el embarazo, ni para el parto. Sin embargo, la violencia del Estado que impide el pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos también afecta a personas gestantes de cualquier edad y condición. Las restricciones legales y obstáculos operativos que existen en México para que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos se hacen evidentes en el índice de accesibilidad al aborto a nivel nacional, que se ubica en 27.1 de 100 puntos.

Incluso, y como ya se señaló, a pesar de que todos los códigos penales estatales incluyen los embarazos como producto de una violación como un excluyente, el acceso a la interrupción del embarazo para las víctimas que así lo solicitan es bastante restringido. La práctica de invocar a la objeción de conciencia del personal de salud es la regla más que la excepción, lo cual impide la correcta implementación de la NOM-046-SSA2, en la cual se permite a cualquier víctima de violación sexual interrumpir su embarazo, sin necesidad de presentar una denuncia. Otro problema, además de la falta de accesibilidad a servicios de aborto, es el riesgo legal que asumen quienes deciden abortar, pues corren el peligro de ser criminalizadas. Actualmente, 19 constituciones locales protegen la vida desde la concepción y únicamente dos entidades federativas, CDMX y Oaxaca, consideran que el aborto es legal hasta la semana 12 de gestación. Más aún, ocho códigos penales no consideran que el riesgo a la vida de la madre sea razón suficiente para excluir la responsabilidad en el delito de aborto.

Maternidades sin violencia

Sin embargo, la lucha no puede detenerse con la despenalización del aborto. Cuando hablamos de la lucha por el “derecho a decidir”, no estamos haciendo uso de un eufemismo únicamente como un mecanismo discursivo, sino que realmente estamos hablando de dos luchas que tienen que ir necesaria[1]mente de la mano.

Si entendemos a la criminalización de la interrupción del embarazo como un tipo de violencia ejercida por el Estado -dado que es una medida que imposibilita el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres-, debemos entender que cualquier acción u omisión cometida por el Estado que tenga el mismo efecto, también deberá ser entendida como una forma de violencia. Entre esas acciones y omisiones se incluyen las esterilizaciones forzadas, la violencia obstétrica, la falta de acceso a métodos de anticoncepción e, incluso, a servicios de reproducción asistida.

Para contextualizar lo anterior, es importante recurrir a algunos datos: 10.9% de las mujeres mexicanas entre los 15 y 49 años que son sexual[1]mente activas tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos. A nivel nacional, el 33.4% de las mujeres que han estado embarazadas sufrieron violencia obstétrica y el 13.1% de ellas fueron víctimas de anticoncepción o esterilización forzada, mientras que el 30.9% fue presionada para aceptar cualquiera de dichas intervenciones.

Por otra parte, el acceso a la re[1]producción asistida está tan invisibilizado, que no tenemos datos sobre la cantidad de mujeres que, a pesar de tener derecho a ella, no han tenido acceso a la misma. La importancia de no dejar de lado estas luchas, radica en el hecho de que el pleno goce de nuestros derechos sexuales y reproductivos implica, precisamente, que todas podamos decidir libremente si queremos o no ser madres y cómo queremos ejercer nuestras maternidades. Como consecuencia, es necesario hablar de otra lucha vital para que podamos tener maternidades placenteras: el ejercicio de paternidades responsables.

Paternidades responsables

La lucha por cambiar el paradigma social para que la reproducción y la crianza no sean vistos únicamente con un tema de mujeres, es larga, ardua y necesaria. Históricamente, las mujeres hemos sido conceptualizadas como personas cuya única finalidad es ser madres y, derivado de ello, se nos encomiendan las labores de crianza y cuidado, asumiendo que son parte de nuestra naturaleza.

Por su lado, a los hombres se les ha impuesto tradicionalmente el papel de proveedores, situación que en los hechos deriva en que se les excluya de participar en cualquier labor del hogar, incluidas las relacionadas con las hijas o los hijos.

Bajo esos prejuicios y preconcepciones, las mujeres recibimos una educación diferenciada y somos encaminadas a desarrollar habilidades y realizar trabajos que nos llevan a cumplir con el canon de “la mujer perfecta”, la cual necesariamente es madre. Así, se crea un sistema que crítica a las mujeres que deciden dedicarse a labores que no son tradicionalmente femeninas, y, peor aún, se estigmatiza a aquellas que deciden no ser madres, aun cuando esa decisión no vaya vinculada a la práctica de un aborto, sino simplemente al uso de métodos anticonceptivos. Es decir, la visión cultural y socialmente internalizada de lo que significa ser mujer y madre, constituye otro tipo de violencia, ya que busca impedir que se tomen decisiones autónomas.

Los prejuicios afectan también a los hombres, al impedirles que se alejen de que lo tradicionalmente masculino; por ejemplo, no se considera “normal” que demuestren afecto abiertamente o realicen cuidados des[1]de la empatía y la ternura.

Las imposiciones son tan fuertes, que es más respetado el padre que se desvincula de sus hijos por estar ocupado en el trabajo, que aquel que deja de lado su vida laboral para dedicarse a las labores de crianza y cuidado en el ámbito familiar. De hecho, la figura de los padres ausentes está tan normalizada, que 4 de cada 10 hogares en México carecen en la actualidad de una figura paterna.

En ese mismo sentido, mientras que las mujeres mexicanas dedican, en promedio, casi 17 horas a la semana a labores de cuidados, los hombres dedican apenas 6. Esa disparidad tiene, como primera consecuencia, que muchas mujeres realicen dobles jornadas de trabajo: una en la oficina y otra en la casa. La segunda, es que se crea una situación de desventaja en el campo laboral, a la que se agrega que su trabajo es menos remunerado que el de un hombre en el mismo cargo y con igual preparación profesional.

La lucha por las paternidades responsables debe estar vinculada en la lucha por el derecho a decidir de las mujeres, pues las maternidades libres de violencia requieren de hombres desafiando las imposiciones patriarcales que generaron una división inequitativa del trabajo. Para que ello se logre, debemos hacerle entender a toda la sociedad, que la masculinidad no se determina porqué tanto se adhiera un hombre al canon patriarcal.

Las luchas por una maternidad deseada y una paternidad responsable no son, pues, excluyentes entre sí; por el contrario, se complementan. Debemos luchar por la libertad para decidir nuestros proyecto de vida, independientemente de nuestro género, así como impedir que se siga normalizando que mujeres y hombres realicen tareas que se asignan con base en per[1]juicios que, además, violentan los derechos humanos de todas y todos

Fuente:  https://gire.org.mx/plataforma/el-delito-de[1]aborto-en-mexico/

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