Horizontum - Finanzas y Cultura
Datos sobre el proyecto de los fideicomisos que se pretenden eliminar Datos sobre el proyecto de los fideicomisos que se pretenden eliminar
Mediante la creación de los fideicomisos una persona transmite un bien a un tercero con el encargo de que cumpla un fin lícito. Datos sobre el proyecto de los fideicomisos que se pretenden eliminar

Un Fideicomiso es un acto en virtud del cual se entrega a una institución financiera (fiduciaria) determinados bienes para que disponga de ellos según la voluntad del que los entrega (fideicomitente) y en beneficio de un tercero (fideicomisario). Mediante la creación de los fideicomisos una persona transmite un bien a un tercero con el encargo de que cumpla un fin lícito.

  • El fideicomiso es, por tanto, un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria.
  • Los recursos que se encuentran en los Fideicomisos, actualmente, son fiscalizables. La Auditoría Superior de la Federación ha puesto especial énfasis a la fiscalización de las figuras jurídicas constituidas como fideicomisos, mandatos y contratos análogos. De acuerdo con los informes del Órgano Fiscalizador, desde el inicio de su gestión se han realizado 582 auditorías a estas figuras administrativas.
  • Los Fideicomisos no son un instrumento neoliberal, el Gobierno Federal utiliza estos esquemas desde 1941.
  • El Proyecto busca desaparecer 109 Fideicomisos cuyo saldo en “disponibilidades” ascendió a 68 mmp al mes de junio de 2020.
  • Del total de los Fideicomisos que se busca desaparecer sólo 11 concentran el 83.1% del total; es decir, 56 864.8 mdp, y son controlados totalmente por cuatro dependencias: Economía, SHCP, Gobernación y Sener-Conacyt.
  • Lo anterior va en contra del argumento sobre la falta de transparencia y corrupción, ya que las decisiones que se toman dependen enteramente de los titulares (secretarios de Estado) de las dependencias involucradas.
  • Existen 35 fondos y Fideicomisos, derivados de convenios con entidades federativas y municipios, que se buscan eliminar y que se manejan a través del estado y el Conacyt. Estos ascienden a 4282.1 mdp y representan apenas el 6.1% de la bolsa que se “pretende” recuperar, sin embargo, dada la naturaleza jurídica del Fideicomiso, habrá que revisar los actos administrativos que se deban de llevar a cabo y el conflicto que representará con las 32 entidades federativas por una bolsa poco significativa.
  • Resulta absurdo desaparecer 26 Fideicomisos con centros públicos de investigación (CIDE, CIMAT, CIQA) y generar conflictos cuando los recursos obtenidos, en el mejor de los casos, ascenderían apenas a 784 mdp, el 1.1% de la bolsa “recuperable estimada”. Esto representará un grave el golpe a la investigación que superaría la supuesta recuperación de recursos.
  • Resulta absolutamente falso que el Gobierno Federal vaya a obtener 68 mil millones de pesos por la desaparición de estos fondos y Fideicomisos, esto debido a que buena parte de los recursos se encuentran ya comprometidos para un fin específico (gasto comprometido o recursos en garantía), lo que implica que el Gobierno Federal deberá de continuar ejerciendo dicho gasto. Eliminar los Fideicomisos complicará el ejercicio del gasto, pues lo someterá a la necesidad de que cada año se tenga que aprobar por el Congreso, lo que generará incertidumbre para la continuación de proyectos.
  • En el mejor de los casos es como si el Gobierno se “cambiara de bolsa el dinero que va a gastar”. En realidad, no existe ahorro en virtud de que se tiene el gasto ya comprometido.
  • Tomemos como ejemplo el Fideicomiso de Financiera Rural (SHCP-NAFIN) por 12 563 mdp, cuyo objeto es el pago de las pensiones y atención médica de 13 000 pensionados del Sistema Banrural. En este caso será la SHCP quien tendrá que llevar a cabo de manera anual las licitaciones para el servicio médico y para cumplir con el mandato del fideicomiso, además del pago mensual de las pensiones.
  • Con esto también se afecta el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), cuya disponibilidad de recursos es de 6681 millones de pesos, que hoy se destinan para atender los daños provocados por huracanes, tormentas, inundaciones o terremotos que afecten al territorio nacional y a la población más desprotegida.
  • El Fonden es el instrumento que utiliza la Secretaría de Gobernación para comprar medicamentos, agua para beber, alimentos, ropa abrigadora y artículos de limpieza y aseo personal en caso de una emergencia, pero también cuenta con recursos para reconstruir viviendas y reparar la infraestructura dañada por los efectos de un desastre natural.
  • La declaratoria de emergenciaes la forma en que Segob reconoce que un municipio o estado se encuentra ante el peligro inminente de ser afectado por un fenómeno natural, y el hecho de que sea la propia Segob quien tome la decisión de emitir la declaratoria, con base en indicadores, deja poco margen para la corrupción. En el caso de una emergencia, la Secretaría de Gobernación no entrega dinero en efectivo a los estados, sino que adquiere los insumos necesarios e instruye a los proveedores para que los entreguen a las autoridades estatales.
  • En el caso de un desastre, el Fonden se compromete a cubrir totalmente los costos de reconstrucción en el estado o participar en ellos hasta con un 50 por ciento, dependiendo del tipo de infraestructura a reparar.
  • Con el proyecto buscan desaparecer 7463 millones de pesos del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera. Además, con éste se constituye el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable con el 80% de la recaudación proveniente del derecho especial cobrado a las mineras que equivale al 7.5% de sus utilidades. El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable es usado en la realización de obra de infraestructura social en al menos 24 entidades federativas y en 250 municipios, y está sujeto a reglas de operación específicas.
  • A partir de 2019 los recursos del Fondo Minero son controlados directamente por la Secretaría de Economía, sus recursos no forman parte de la Recaudación Federal Participable. Con la disolución del Fideicomiso, los recursos tendrán que formar parte de la RFP, por lo que no serán de “uso exclusivo del Ejecutivo Federal” y serán menos fiscalizables por parte de la federación.
  • El Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de Mypimes y Emprendedores cuenta con nuevas reglas de operación a partir de 2019, las cuales fueron emitidas por la actual Secretaría de Economía. Fundamentalmente, opera con fondos de garantía y capital de riesgo, además de esquemas que promueven el financiamiento a Mypimes y emprendedores. Cabe mencionar que aquellos fondos que se encuentren como “garantía” en la actualidad no podrán ser recuperables en el corto plazo. En estos momentos es vital apoyar a las Mypimes que contribuyen con la generación de más del 80% del empleo en el país, por lo que el fondo se debería de incrementar y no desaparecer.
  • El Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos es un Fideicomiso creado para atender las principales problemáticas y oportunidades en materia de hidrocarburos a través del desarrollo de tecnología y la formación de recursos especializados.
  • Este fondo tiene por objeto la investigación científica y tecnológica aplicada tanto a la explotación, exploración y refinación de hidrocarburos como a la producción de petroquímicos básicos y la formación de recursos humanos especializados en la industria petrolera. Además, está dirigido a las universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se inscriban en el registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas que establece la Ley de Ciencia y Tecnología. Su eliminación contradice la política gubernamental de hacer del petróleo y la energía la “palanca del desarrollo nacional”
  • En estos cinco ejemplos llevamos más de 40 mil millones de pesos, que no son recursos ociosos, que actualmente son absolutamente fiscalizables y que no serán totalmente recuperables ya que se encuentran parcialmente comprometidos.

En suma, a lo más que aspiran es a cambiarse el dinero de “bolsa” para llevar a cabo un gasto discrecional y sin rendición de cuentas. Buscan trasladar recursos que hoy en día son absolutamente fiscalizables a una bolsa que servirá para ejercer un gasto discrecional y que, desde luego, no será fiscalizable.

  • Los 68 mil millones de pesos, que se “pretenden” recuperar por la liquidación de 109 fideicomisos representan apenas el 4.9% de lo que se pagará de servicios personales en el 2021.
  • Los 68 mil millones de pesos que se pretenden recuperar equivalen al 4.5% del incremento de la deuda neta total en estos 19 meses de gobierno o al 0.5% de la deuda neta total del país.
  • Los 68 mil millones de pesos que se pretenden recuperar son menores a los 71 mil millones de pesos que costó cancelar el NAIM.
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Mario A. Di Costanzo

Licenciado en Administración por parte del ITAM, primer secretario en la Embajada de México en Estados Unidos de Norte América con el encargo de ejecutar acciones técnico-jurídico-administrativas para establecer la comunicación bilateral en materia aduanera y de seguridad nacional.