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Circo romano o consulta popular del pueblo bueno y sabio Circo romano o consulta popular del pueblo bueno y sabio
¿En verdad los expresidentes podrían ser llevados ante la justicia mexicana? ¿Es este un acto de venganza personal o una consulta popular? Circo romano o consulta popular del pueblo bueno y sabio

¿En verdad los expresidentes podrían ser llevados ante la justicia mexicana? ¿Es este un acto de venganza personal o una consulta popular? Sin duda, la 4T quiere poner contra la lona a dos de los pilares fundamentales de las instituciones mexicanas: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional Electoral (INE). Hasta ahora, el mejor ‘circo’ es la pretendida consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

No cabe duda que nuestra capacidad de asombro es rebasada por las reiteradas estrategias político-electorales que son disfrazadas bajo el título de Consulta Popular Ciudadanapara distraer a la opinión pública de los temas de interés nacional, los cuales requieren de urgentes acciones y soluciones, como sucede con los hechos ocurridos en Chihuahua durante la legítima lucha por los recursos hídricos; la violación a los derechos humanos de las víctimas de la violencia de género; el combate a la delincuencia, la corrupción y la impunidad; la indiferencia, incapacidad e indolencia de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); la grave crisis económica y la inédita emergencia sanitaria. A esto se suman los daños colaterales provocados por las ocurrencias de un gobierno populista (la esperanza de México) que además disfraza los caprichos con obras faraónicas.

Es fundamental aclarar que la solicitud de Consulta Popular Ciudadana que formuló Andrés Manuel López Obrador en su calidad de presidente al Senado de la República se realizó de acuerdo con el Artículo 12, Fracción Primera, de la Ley Federal de Consulta Popular y el Artículo 35 constitucional. Así se toma en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación contará con un término de 20 días para calificar la constitucionalidad de esta Consulta Popular que también se puede considerar como una cortina de humo, pues en términos de la Fracción VIII del Artículo 35 constitucional la SCJN puede declarar la improcedencia e inconstitucionalidad de la multicitada Consulta Popular Ciudadana.

Por su parte, no proceden las consultas en los casos de restricción a los DD. HH. de acuerdo con los principios contemplados en el Artículo 40 constitucional en materia electoral, de ingresos y gastos del Estado Mexicano y de Seguridad Nacional. Este ejercicio de participación ciudadana innecesario e improcedente podría costar a los mexicanos una cantidad millonaria de recursos públicos, pues la facultad de análisis e integración de las carpetas de investigación, así como el ejercicio de la acción penal para la persecución y detención de los imputados o probables responsables, de acuerdo con nuestra Constitución, es competencia exclusiva de la Fiscalía General de la República y en su momento procesal del Poder Judicial. Ante esto, existe el riesgo de que el debido proceso se viole de origen sin una denuncia de por medio. Además, el dejar que la ciudadanía se asuma como juez de los expresidentes pone en entredicho el Estado de derecho.

Muchos mexicanos dicen que López Obrador es más honesto que sus predecesores; sin embargo, está muy lejos de acabar con la corrupción y parece más interesado en atacar la corrupción del pasado que las malas acciones de sus aliados actuales. Como ejemplo, durante la campaña del 2018 un familiar consanguíneo del presidente fue exhibido recibiendo recursos de dudosa procedencia y hasta la fecha no se ha aclarado su registro ante la Comisión de Fiscalización del INE. Por otro lado, si se le considera a esto un ingreso, tampoco se ha aclarado el pago correspondiente ante el SAT. Ésta mal llamada ‘consulta popular’ le servirá al actual mandatario para poder salir bien librado de su probable responsabilidad en la comisión de delitos electorales y haría ver la situación de su hermano Pío López Obrador como una minucia, es decir, un pequeño error comparado con los miles de millones de pesos que se vieron envueltos en el caso Odebrecht y otros muchos actos de corrupción en más de cinco sexenios.

Nuestro marco legal es preciso: el propio presidente puede ordenar una investigación contra cualquier exmandatario sin echarle la bolita a otras instancias. Con esto queda claro que la solicitud de Consulta Popular es parte de una maquiavélica estrategia política rumbo al proceso electoral 2021 y no necesariamente el cumplimiento de justicia que el pueblo de México pide, ya que ésta no puede quedar al criterio o voluntad del “pueblo bueno y sabio”.

La facultad constitucional de la Fiscalía General de la República en materia de procuración de justicia y la Consulta Popular es materialmente innecesaria, infundada e inconstitucional. Los señalamientos e imputaciones que formula el presidente AMLO en su escrito carecen de elementos de prueba y formalidades constitucionales. No existen elementos que puedan acreditar la probable responsabilidad de los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña; además, otorgando sin conceder la probable existencia de la comisión de algún delito electoral, ya operó la prescripción de la acción penal. En caso de alguna probable responsabilidad administrativa, delitos del fuero común o federal, primero se tendrían que ofrecer los elementos de prueba suficientes para la debida integración de las carpetas de investigación, respetando los DD. HH., las formalidades del ‘debido proceso’ y el principio de ‘Presunción de Inocencia’ de los exmandatarios.

Finalmente, es importante aclarar que no hay más denuncia que la formulada por un exprófugo de la justicia, hoy confeso y vinculado a proceso: Emilio L., personaje que además disfruta de los beneficios y comodidades que otorga la impunidad al alcance de un criterio de oportunidad. En México, el Estado de derecho sufre de la corrupción de un sistema político que está sometido a los intereses personales y proyectos políticos del gobierno en turno.


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Dr. Julio Jiménez Martínez

Dr. Julio Jiménez Martínez

Director General de Asuntos Jurídicos de la Asociación Nacional de Locutores de México. Especialista de la Facultad de Derecho y FAMADYC de la Universidad La Salle. Colaborador de El Heraldo de México, Telefórmula y Grupo Acustik. Investigador del Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Analista jurídico y político.